Un grupo de unos 40 empresarios y técnicos de telecomunicaciones de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia han analizado las tecnologías existentes para enterrar las redes de fibra óptica –que hoy se instalan en las fachadas de las edificaciones– con una mínima obra y, por tanto, impacto sobre la población y sobre las infraestructuras.